La ciudadanía debe ser vigilante del uso de los recursos públicos

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Entrevista. El especialista sostiene que el ciudadano debe entender que el dinero
que podría estar usándose para beneficiar campañas sale de los tributos que paga.
Esos recursos, recalca, tienen que invertirse en beneficio de la comunidad.
¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía para ejercer un adecuado control del uso del
dinero público?
–En un año electoral la ciudadanía debe ser doblemente vigilante del uso que se le
da a los recursos del Estado, porque no está permitido que estos se desvíen en favor
o en contra de ninguna campaña electoral. Es más, una vez que se ha iniciado el
proceso electoral, se prohíbe la publicidad estatal y entonces es muy importante que
la ciudadanía esté atenta, por ejemplo, si en su vecindario ve un nuevo cartel
colocado por la municipalidad, así sea anunciando la inauguración de una obra; eso
no está permitido.
Estamos en una coyuntura en la que muchas autoridades puedan verse tentadas de
hacerlo…
–Eso está prohibido, especialmente si figura el nombre de la autoridad que irá a la
reelección. Ahora, la ciudadanía puede vigilar a través de los portales de
transparencia que las entidades públicas tienen en internet por obligación de la
ley. Ingresar en ellos nos permite ver en qué se gasta el dinero; por ejemplo,
gastos de publicidad que eventualmente podrían utilizarse para financiar una campaña
electoral.
Pero lamentablemente no todos tienen una página de transparencia, no todos cumplen
con la ley…
–Es cierto, pero cada vez se ha ido cumpliendo de mejor manera. La Defensoría del
Pueblo reporta cada tres meses la transparencia de los portales de las
municipalidades y los gobiernos regionales, y el Consejo de la Prensa Peruana hace
lo mismo en relación con los ministerios, porque ellos también tienen prohibido
hacer propaganda a favor o en contra. Es cierto que no se cumple a cabalidad con las
normas de transparencia, pero es lo que tenemos a la mano.
Muchos no se involucran porque piensan que no obtendrán ningún resultado.
–Lo primero que debe entender el ciudadano es que el dinero que podría estar
utilizándose para beneficiar campañas sale de los tributos que paga. El dinero que
está en el Estado es dinero de los impuestos y que por cada sol que uno paga a la
municipalidad, esta tiene que responder con gastos que beneficien a la colectividad
y no a determinada organización política o candidatura.
Hay muchas denuncias de corrupción que alcanzan a municipios y que revelan, además,
una práctica sostenida, pero que no se conoce.
Es cierto, pero cuando uno mira las encuestas anticorrupción de manera desagregada,
departamento por departamento, para más de un tercio de la población la institución
más corrupta es su municipalidad o su gobierno regional. Entonces, los promedios
nacionales, que, por lo general, señalan al Poder Judicial o a la Policía, tienden a
ocultar lo que ocurre en estos casos.
–En los casos de corrupción de mandos intermedios ¿la responsabilidad de las
autoridades es solo política?
–La autoridad máxima de una municipalidad o de un gobierno regional no puede ser
ajena a lo que ocurre en los niveles intermedios. Se trata de extremar los controles
en el interior de la propia casa y cuando ocurran estas situaciones hay que
investigar, determinar si hay responsabilidades de tipo penal, pero, sin duda, hay
responsabilidad política, porque la autoridad debe ejercerse hacia afuera, pero
también hacia el interior de las instituciones.
Evitar financiamiento
con dinero ilegal
Gerardo Távara asegura que es necesario un compromiso muy serio de los partidos
políticos para no recibir un solo sol, si no tienen la certeza de que ese dinero
tiene una procedencia legal. “Necesitamos también un compromiso de los gremios
empresariales, las cámaras de comercio y las personas en general para no financiar a
aquellos partidos que no muestren pulcritud en el manejo de sus cuentas.”
Para lograr avances, plantea fortalecer la labor de fiscalización que tienen los
organismos electorales, en este caso la ONPE que ve las finanzas, pero demanda
también el compromiso de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y
la población en general, para luchar contra todo indicio de corrupción en estos
procesos.
Sostiene con preocupación que hay estudios que demuestran la permisibilidad de la
población frente a la coima chiquita, menuda, de poca monta, pero que al final es
corrupción.
En ese sentido, el representante de Transparencia asegura que es fundamental que la
gran corrupción sea efectivamente sancionada, porque si no se muestra que a nivel de
las altas esferas hay un compromiso efectivo por prevenir, erradicar y sancionar la
corrupción en cualquiera de sus manifestaciones, la gente no cambiará y se
establecerá definitivamente esa sensación de impunidad que siempre es peligrosa.
Pendientes
El secretario general de Transparencia solicitó al Congreso de la República que
legisle con suma urgencia la Ley de Partidos Políticos para extremar los controles y
garantizar la democracia y transparencia de los partidos políticos.
También pide que se evalúe una propuesta presentada por la Defensoría del Pueblo
para contar con una autoridad autónoma de transparencia y acceso a la información
pública.
Esta autoridad autónoma tendría la facultad de regular estos mecanismos que son
necesarios para una fiscalización ciudadana.
Este ente ayudaría a que los portales de transparencia de las instituciones públicas
estén permanentemente actualizados.
valores
Transparencia ha colocado en las redes sociales un conjunto de pequeños videos y
módulos dirigidos a jóvenes con el propósito de desarrollar temas como valores
democráticos, participación, control ciudadano, que ayudan a la formación cívica
desde las escuelas.
En la presente campaña electoral, la ONPE fiscalizará los gastos e incluso se hará
una valoración de los paneles y la propaganda utilizada por los candidatos.
Se establecerá el monto invertido y se verá si coincide con los montos que sean
presentados luego.